Familiares de presos políticos inician plantón en Tuxtla Gutierrez.

Los familiares de los hermanos Amilcar y Armando Méndez Núñez, presos políticos retenidos en el Centro de Reinserción Social para Sentenciados número 17 de Playas de Catazajá, iniciaron el día 8 de Febrero de 2011 un plantón a las afueras del Palacio de Gobierno en la capital chiapaneca. Los familiares de los presos, adherentes a la Otra Campaña, han expresado contundentemente que no levantarán el plantón hasta recibir solución a sus demandas de liberación inmediata de los presos políticos.
Amilcar y Armando fueron detenidos con lujo de violencia el 16 de diciembre de 2008 por agentes ministeriales en el ejido Cintalapa, municipio de Ocosingo. Los familiares cuentan que la gente de la OPDDIC (Organización para la Defensa de los Derechos Indígenas y Campesinos), lidereados por el ex-regidor Herlindo López Pérez de dicho ejido, pagaron la suma total de 40 mil pesos al comandante de la policía ministerial de Palenque para que encarcelaran a los hermanos Amilcar y Armando, quienes ya habían sido previamente amarrados y colgados de un árbol por los grupos paramilitares. Los indígenas tzeltales Amilcar y Armando fueron brutalmente torturados, y obligados a firmar una declaración auto-inculpatoria. Acusados falsamente de homicidio, su proceso judicial sigue pendiente, ya que tras más de dos años en la cárcel, y habiendo presentado pruebas suficientes en su defensa, todavía ni se les ha dictado sentencia.
De la misma manera, los familiares de los presos políticos explican que han metido demandas en contra de los grupos paramilitares que fabricaron los delitos, junto con los agentes aprehensores, sin embargo no han obtenido respuesta del Ministerio Público, quien ni ha querido visitar el lugar de los hechos, demostrando así la injusticia sistémica del aparato judicial mexicano. El 9 de Febrero, la licenciada de la Mesa de Reconciliación, órgano gubernamental que está supuestamente revisando el expediente penal de Armando y Amilcar, se comprometió con los familiares a detener al agente aprehensor Marco Antonio Pérez López, quien ya fue citado a comparecer en dos ocasiones en el año 2009, sin que cumpliera con ninguna de las diligencias.
Los familiares de los presos políticos a su vez fueron desalojados violentamente de sus tierras el 6 de marzo de 2009, cuando los mismos paramilitares entraron a sus casas con armas de alto poder, violando tumultuariamente a dos mujeres jóvenes, y amenazando de quemar vivos a los demás familiares. Obligados a refugiarse en Ocosingo, hoy día siguen exigiendo las condiciones para retornar a sus tierras. Por esto, y por todos los presos políticos que siguen tras las rejas, han decido iniciar este plantón de tiempo indefinido en el palacio de gobierno, exigiendo ser atendidos por el Secretario de Gobierno, Noe Castañon.
El 8 de Febrero de 2011 fue recibida una comisión de tres familiares de los presos políticos por funcionarios de bajo nivel, quienes les comentaron que ya se fueran a sus hogares y no permanecieran en plantón, ya que en ocho días les llamarían. Ante esta propuesta del gobierno, “Dijimos que aquí vamos a permanecer en frente del palacio mientras no hay respuesta”, comentó Eva Méndez Núñez, hermana de los presos políticos.
Los familiares se encuentran a su vez expresando su solidaridad con los presos políticos de la Otra Campaña, privados de su libertad en las cárceles de Chiapas por parte del gobierno de Juan Sabines. Así, manifestaron su exigencia por la libertad inmediata de los presos de San Sebastián Bachajón, ya que tras el operativo policiaco-militar del 3 de Febrero, fueron detenidos un total de 117 ejidatarios. A pesar de haber liberado “bajo reservas de la Ley” a 107 personas, 10 adherentes a la Otra Campaña de Bachajón fueron consignados el 5 de febrero en el mismo CERESS 17 de Playas de Catazajá, acusados de ser “probables responsables de los delitos de Homicidio Calificado, Tentativa de Homicidio, Daños y Atentados contra la Paz y la Integridad Corporal y Patrimonial de la Colectividad del Estado”, aparte del delito federal de “Ataque a las Vías de Comunicación”.
El plantón se realiza también para exigir la libertad inmediata e incondicional de Alberto Patishtán, preso político que participó en la huelga de hambre del 2008, y Rosario Díaz Méndez y Manuel Aguilar Gómez, adherentes a la Otra Campaña de la comunidad de Mitzitón, cuyos familiares se encuentran realizando volanteos y actos públicos en San Cristóbal para obtener solución a sus demandas.
Mientras el gobierno sigue encarcelando a indígenas por su defensa del territorio, las comunidades en resistencia van tejiendo redes de solidaridad y lucha que rebasan las posibilidades del aparato estatal de represión. “Sabemos que esta lucha no es de un día, es de una vida”, dijo Pablo Sánchez Gómez, ex-preso político originario de Busiljá, Ocosingo, entrevistado en el plantón el día de ayer. “Armando y Amilcar nos apoyaron con maíz y fríjol cuando estábamos nosotros en la cárcel, por eso estamos aquí, ni modo que no los vamos a apoyar”.

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